El éxito del procedimiento fue posible gracias a la articulación entre Fiscalía, fuerzas de seguridad y distintas áreas municipales, con un rol clave del Centro Operativo de Monitoreo (COM), que aportó información fundamental para la investigación.
El operativo fue el resultado de una investigación iniciada el pasado 13 de abril, tras registrarse reiteradas maniobras peligrosas y destrezas ilegales en la vía pública por parte de grupos de motociclistas. A partir de ese momento, se puso en marcha un trabajo articulado encabezado por la Policía Departamental de Necochea, con la colaboración de la Oficina del COM, la Dirección General de Tránsito y personal de la Comisaría Tercera.
Gracias al seguimiento mediante las cámaras de seguridad del municipio y al análisis del material recolectado, se logró identificar a los involucrados y reunir pruebas fundamentales para la causa. La UFI 30, con el fiscal Dr. Carlos Larrarte a la cabeza, estuvo a cargo de la instrucción judicial y solicitó quince allanamientos, los cuales fueron autorizados por el Juzgado de Garantías.
En la madrugada del operativo, personal policial de distintas dependencias, junto a agentes de Tránsito de la Municipalidad, llevaron a cabo los procedimientos en domicilios de Necochea y Quequén. Como resultado, se secuestraron casi una docena de motos utilizadas para cometer infracciones, así como armas de fuego, municiones, elementos eléctricos y estupefacientes de diversas modalidades. Además, seis personas fueron aprehendidas y puestas a disposición de la Justicia.
El rol estratégico del COM y el aporte clave de Tránsito
La investigación que culminó en este exitoso operativo se originó a partir de denuncias presentadas por la Municipalidad de Necochea ante la conducta imprudente de motociclistas que ponían en riesgo la seguridad de terceros en la vía pública.
En este contexto, el Centro Operativo de Monitoreo (COM) desempeñó un papel estratégico al proporcionar a la Justicia imágenes y videos captados por las cámaras municipales, así como datos provenientes del sistema de lectoras de patentes. Esta información fue clave para identificar a los responsables e impulsar la causa judicial.
A su vez, la Dirección General de Tránsito aportó testimonios directos de inspectores que presenciaron las maniobras peligrosas, sumando valiosos elementos probatorios. Esta colaboración, junto al trabajo técnico del COM, permitió conformar un sólido cuerpo de evidencia que derivó en la orden y ejecución del operativo.
Este accionar coordinado entre las áreas municipales, justicia y las fuerzas de seguridad demuestra la eficacia de las herramientas tecnológicas de prevención y la importancia de una política pública centrada en la articulación institucional, el compromiso territorial y la protección de la ciudadanía.
